La semana pasada el diputado del PRO Federico Pinedo presentó su proyecto para eliminar contenidos maliciosos de los sitios de Internet. Para poner un poco de claridad hacía los alcances del mismo, Canal AR consultó a diferentes especialistas sobre el tema.
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¿A quién protege la Ley Pinedo?
Luego de la presentación del proyecto del diputado del Pro para regular contenidos en Internet, Canal AR convocó a especialistas para que den su opinión sobre la iniciativa. Criticaron la falta de originalidad de la iniciativa, la defensa de las empresas prestadoras de servicios y la limitación a la libertad de expresión.
Pablo Kesler, abogado experto en temas vinculados al Derecho informático, explicó que la iniciativa no aporta innovaciones significativas en cuanto al proceso de acceso a la justicia, ni otorga una forma mas expedita que la actual. “Estos mecanismos ya se encuentran enmarcados en la legislación vigente”, dijo.
Sumado a esto, sostuvo que las medidas cautelares, tal como están legisladas no alcanzan a dar una respuesta rápida y satisfactoria a los daños que se generan en torno a Internet.
Beatriz Busaniche, especializada en los impactos sociales de las nuevas tecnologías de Información y Comunicación, y miembro de la Fundación Vía Libre, indicó que la normativa incorpora una falacia: la idea de que en Internet no hay regulación. “Es una de las viejas estrategias para tratar de imponer en la red leyes más duras y restrictivas que las vigentes, incluyendo la eliminación de garantías constitucionales como la libertad de expresión y la presunción de inocencia”, agregó.
Pablo Kesler, es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires y docente en la Facultad de Derecho de la UBA. Pertenece al estudio jurídico Roitman & Kesler, especializado en Derecho Informático, Derecho de Salud y Derecho Laboral.
Beatriz Busaniche es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Da clases en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y desde 2003 forma parte de la Fundación Vía Libre, que defiende los derechos civiles en entornos mediados por nuevas tecnologías. Fabio Baccaglioni es autor del blog Fabio.com.ar
Además, recalcó que el proyecto de Pinedo pretende “liberar a las empresas de responsabilidad” otorgándoles culpa si no ejecutan tareas de censura pronta y veloz, dando de baja contenidos supuestamente ilegales u ofensivos.
En este sentido, Kesler señaló que otorga una solución a los proveedores de servicios de Internet que no se ocupa de la totalidad del daño generado, sino tan solo de una parte. “Quedaría fuera de la indemnización todo el daño que se produce antes de la notificación de la medida cautelar genérica o del proceso sumarísimo, que por lo general es el más grave y es el que genera un daño de mayor cuantía”, dijo.
El abogado puntualizó que el proyecto parece ocultar un marco legal mas protectorio hacia las empresas, en lugar de sancionarlas, ya que otorga responsabilidad exclusivamente en contenidos generados por terceros cuando tuvieran conocimiento efectivo o en casos en que ellos mismos originen dicha transmisión o retransmisión.
“Se otorga una solución a los proveedores de servicios de Internet que no se ocupa de la totalidad del daño generado”.
Por su parte, el blogger Fabio Baccaglioni criticó que no se define quién es el que solicita a un proveedor de servicios de Internet (ISP) la eliminación de contenidos, ni que instancias tiene la empresa para no ser responsable una vez notificada, y tampoco se establece qué es lo que puede y que no puede excluir un juez.
Y planteó que existen falencias en la legislación para cubrir medios que están por fuera de las fronteras físicas del país, ya que la mayoría de los servidores que alojan contenidos que faltan a las leyes están en otros países.
¿Censura?
Busaniche manifestó que en materia de libertad de expresión y de medios de comunicación, imponer responsabilidades a las empresas no parece una buena idea, esencialmente porque ellas serán las encargadas de dar de baja contenidos de manera preventiva.
“La iniciativa del Pro avanza de manera severa sobre garantías tales como el debido proceso y la presunción de inocencia y pretende construir un campo minado en la red. Si linkear a sitios ajenos puede hacernos penalmente responsables de lo que aquellos hagan o digan, entonces se quebrará uno de los principios esenciales de Internet”, resumió.
“Así se habilita la posibilidad de dar de baja contenidos de manera rápida sin importar las garantías constitucionales”.
Otro punto central de la ley es la obligación que se impone a los motores de búsqueda de otorgar una dirección de correo electrónico para la atención de reclamos, en este punto Kesler explicó que actualmente existen formas de denuncia online que no funcionan satisfactoriamente. “Si se incorpora este tipo de procedimiento se debería instrumentar de mejor forma el procedimiento”, sostuvo.
Por último, Busaniche sintetizó que lo que propone Pinedo es habilitar la posibilidad de dar de baja contenidos de manera rápida sin importar las garantías constitucionales a la libertad de expresión y el derecho a una justa y debida defensa. “Esta ley no suma nada en ese sentido, simplemente resta derechos a quienes, no siendo empresas, no nos podremos defender”, finalizó.
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